España atraviesa una profunda crisis en vivienda pública.Mientras que hace tres décadas se construían anualmente entre 60.000 y 80.000 viviendas protegidas, desde 2018 la media anual apenas alcanza las 13.000.Este déficit coincide con un aumento de nuevos hogares, que pasó de 145.000 al año en periodos anteriores a 260.000 desde 2021, ampliando la brecha entre oferta y demanda.Actualmente, la vivienda social representa menos del 2% del parque total, muy por debajo del 8% de media en la UE.Gran parte del déficit histórico se debe a que viviendas protegidas previas acabaron privatizándose, impidiendo consolidar un parque público estable.El Plan Nacional de Vivienda 2026-2030 prevé triplicar los recursos destinados a vivienda pública, con un presupuesto de 7.000 millones de euros, aunque solo el 40% se destinará a construcción nueva, lo que supondría unas 33.000 unidades en cuatro años.Además, la falta de suelo edificable, mano de obra y seguridad jurídica limita la eficacia del plan.

Expertos y BBVA Research insisten en la necesidad de un pacto nacional que coordine recursos, atraiga inversión privada y garantice estabilidad regulatoria para revertir la situación y acercarse a los estándares europeos.