La nota expone la situación crítica que enfrenta el sistema portuario de Guatemala debido a la ausencia de un marco legal completo que permita modernizar y ampliar la infraestructura marítima del país.

Aunque el Decreto 26-2024 creó una Autoridad Designada de la Comisión Portuaria Nacional y asignó varias funciones administrativas y de coordinación, todavía hacen falta competencias clave relacionadas con la autorización de concesiones, supervisión de inversiones y definición de políticas públicas portuarias.

Según autoridades y especialistas consultados, esta limitación impide atraer inversión privada y desarrollar nuevas terminales en puertos estratégicos como Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.

El reportaje destaca que Santo Tomás ha logrado mejoras operativas importantes, incluyendo recuperación de profundidades, modernización tecnológica y aumento en el manejo de contenedores.

Sin embargo, expertos advierten que estos avances podrían resultar insuficientes si el país no fortalece su institucionalidad y cumple plenamente con normas internacionales de seguridad marítima como el Código PBIP.También se señala que Puerto Quetzal continúa rezagado por falta de dragado, ampliaciones y coordinación entre instituciones estatales.

Además, diputados y representantes del sector económico coinciden en que existe consenso político para aprobar la nueva Ley del Sistema Portuario, la cual busca establecer reglas claras para alianzas público-privadas y contratos de administración portuaria.

De aprobarse, Guatemala podría mejorar su competitividad logística frente a otros países de la región y reducir los costos asociados al comercio marítimo.