El Consejo de la Judicatura de Ecuador ha incorporado defensores públicos temporales en cinco provincias del país con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de asistencia legal a la ciudadanía.

Esta medida busca evitar interrupciones en la defensa pública, especialmente en zonas con alta carga procesal y mayor demanda de servicios judiciales.

Las provincias beneficiadas son Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Cañar, siendo Pichincha y Guayas las que concentran el mayor número de nuevos funcionarios debido a su alta densidad de causas penales y sociales.

En total, se asignaron 9 defensores públicos temporales distribuidos de la siguiente manera: cuatro para Pichincha, tres para Guayas, y uno para cada una de las provincias restantes (Esmeraldas, Manabí y Cañar).

La selección del personal se realizó utilizando el banco de elegibles vigente, lo que permitió agilizar el proceso de contratación sin comprometer los estándares institucionales.

La decisión responde a criterios técnicos relacionados con la carga procesal y la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia en territorios donde el sistema judicial enfrenta mayores retos operativos.

Además, el Consejo de la Judicatura ha señalado que la medida forma parte de los esfuerzos para garantizar la atención oportuna a los ciudadanos que requieren defensa pública obligatoria dentro del sistema judicial ecuatoriano.Con esta incorporación temporal, se busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema y evitar la saturación de los servicios existentes.