La Policía Nacional ha remitido al juzgado un atestado en el que acusa a cinco jóvenes antifascistas de desórdenes públicos y atentado a la autoridad por los incidentes ocurridos el 16 de abril en Granada, durante un mitin de Vox en las inmediaciones de la Catedral.

Según la investigación, los enfrentamientos se produjeron cuando un grupo de personas que acompañaban al acto político, entre ellas miembros de seguridad vinculados a Vox, habrían traspasado un cordón policial y se dirigieron hacia los manifestantes que protestaban contra el partido.En ese contexto, se produjeron cargas y enfrentamientos entre ambos grupos y la Policía intervino para contener la situación.

Uno de los detenidos en relación con los hechos fue acusado de agredir a un agente con el mástil de una bandera, mientras que los otros cinco jóvenes fueron citados posteriormente como investigados.

Los manifestantes sostienen que su protesta era pacífica y que la actuación policial ha mostrado un sesgo, al centrarse en los antifascistas mientras que las denuncias contra integrantes del entorno de Vox siguen en fase de investigación o sin avances conocidos.

Diversas organizaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Podemos, han denunciado lo que consideran una actuación desigual y han solicitado que se investigue el papel de los asistentes al mitin, así como el dispositivo de seguridad.Por su parte, Vox niega que sus miembros portaran armas prohibidas y cuestiona la versión de los denunciantes.

El caso sigue en fase judicial y ha generado debate político sobre el derecho de manifestación y la actuación policial en contextos de tensión ideológica.