En el marco del procedimiento judicial por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, varias acusaciones populares —entre ellas PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum— han incrementado la petición de pena de prisión hasta los seis años por presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso con tráfico de influencias.Esta solicitud duplica la pena inicial que habían planteado en fases anteriores del proceso.También reclaman una multa equivalente al doble del beneficio obtenido y hasta 20 años de inhabilitación.

El caso gira en torno a la contratación del músico y a la supuesta existencia de irregularidades administrativas en su nombramiento dentro de la administración provincial.

Las acusaciones sostienen que, aunque algunos delitos específicos podrían haber prescrito, los hechos globales deben ser recalificados como prevaricación.

En paralelo, el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, también ha visto incrementada la petición de pena hasta cuatro años de prisión, junto con una inhabilitación de larga duración.

Por su parte, la acusación de Manos Limpias ha reducido su solicitud de pena tras retirar parte de los cargos, mientras que la Fiscalía mantiene su posición de pedir la absolución de todos los investigados al considerar que no existen pruebas suficientes para sustentar una condena.

Además, el tribunal ha aceptado nuevas pruebas propuestas por las acusaciones, como la reproducción de declaraciones previas de los acusados en fase de instrucción, lo que ha generado oposición por parte de las defensas y la Fiscalía.

El proceso continúa abierto y pendiente de nuevas sesiones, mientras las partes mantienen posturas enfrentadas sobre la validez de las pruebas y la calificación jurídica de los hechos.