El exdiputado y exalcalde del municipio Iribarren, Macario González, acudió al Ministerio Público para solicitar una investigación formal sobre lo que califica como una detención irregular y una presunta desaparición forzada ocurrida en septiembre de 2025.

Según su denuncia, fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando salía de la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, y permaneció 68 días incomunicado, sin orden judicial, sin presentación ante tribunales y sin conocer los cargos en su contra.

González afirma que durante ese período estuvo retenido en instalaciones del Sebin en el estado Lara, donde, según su testimonio, se le impidió el acceso a información legal y contacto con su familia y abogados.También señaló que los funcionarios que lo custodiaban alegaban actuar bajo órdenes superiores.

El dirigente responsabiliza políticamente al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y sostiene que su caso se inscribe dentro de un patrón de persecución política y violaciones de derechos humanos denunciadas en el país.Además, indicó que las condiciones de reclusión afectaron su salud, provocándole un accidente cerebrovascular leve.

Tras su liberación, decidió acudir nuevamente a la Fiscalía para exigir una investigación, especialmente tras el cambio de autoridades en el Ministerio Público.

El caso ha generado reacciones en sectores opositores, donde otros dirigentes califican la situación como una práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones temporales.

Paralelamente, se hizo un llamado a investigar otros casos similares de personas detenidas sin debido proceso o con problemas de salud derivados de su reclusión.