El gobierno de Panamá anunció que activará mecanismos del derecho internacional para solicitar que siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba desde febrero de 2026 puedan cumplir una eventual condena en su país de origen.

La declaración fue realizada por el canciller panameño Javier Martínez-Acha, quien explicó que el objetivo es que el proceso judicial se lleve a cabo bajo jurisdicción panameña o, en caso de sentencia, que la pena sea ejecutada en territorio panameño.

Los hechos se originaron el 28 de febrero de 2026, cuando autoridades cubanas detuvieron a diez ciudadanos panameños en La Habana, acusados de propaganda contra el orden constitucional por la colocación de carteles y grafitis críticos al gobierno.Según el Código Penal cubano, estos cargos pueden implicar penas de entre ocho y diez años de prisión.

Posteriormente, tres de las detenidas fueron liberadas como gesto diplomático, mientras que siete hombres permanecen recluidos en el centro de detención de Villa Marista.

Panamá ha intensificado su actividad diplomática, incluyendo visitas oficiales a Cuba y gestiones consulares para garantizar acceso a los detenidos y seguimiento del proceso judicial.

Las autoridades panameñas insisten en la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras que la parte cubana mantiene el curso del proceso penal abierto.El caso ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países y ha estado acompañado de protestas y declaraciones cruzadas.

Aunque el mecanismo de traslado de condenados existe en el derecho internacional, su aplicación depende del acuerdo de ambos Estados, por lo que la decisión final queda sujeta a la aprobación de las autoridades cubanas, que aún no han confirmado su postura.