La Procuraduría General de la Nación ha intensificado el control sobre la intervención estatal de Air-e, la empresa distribuidora de energía en el Atlántico, Magdalena y parte de La Guajira.

Tras 19 meses de administración por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el ente de control solicitó a la agente interventora Tania Patricia Peñaranda Zuleta y a la Superintendencia explicaciones concretas sobre los resultados obtenidos, los estados financieros y la sostenibilidad futura de la compañía.

Entre las principales preocupaciones está la falta de estados financieros auditados desde septiembre de 2024, el crecimiento de las obligaciones pendientes con el mercado energético y algunos cuestionamientos sobre procesos contractuales.

La Procuraduría también señaló la alta rotación de interventores, con cinco cambios en la dirección, lo que podría afectar la continuidad de las decisiones.Se solicitó un plan claro sobre el futuro de Air-e: si se busca su recuperación bajo intervención, un nuevo operador o otro esquema.Este pronunciamiento ocurre en un contexto donde los usuarios del Caribe colombiano siguen enfrentando problemas de calidad en el servicio eléctrico.

El Ministerio Público busca garantizar que la intervención no solo administre la crisis, sino que genere una salida sostenible para la prestación del servicio en la región.