Este viernes 29 de mayo de 2026 se logró instalar, en su tercer intento, la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal dentro del denominado caso Goleada, una investigación que apunta a un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la comercialización ilegal de combustibles.

El proceso judicial inició inicialmente por el delito de presunta delincuencia organizada, pero la Fiscalía reformuló los cargos y actualmente se sigue por lavado de activos.

En este caso constan doce personas procesadas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, así como sus hermanos y el asambleísta Raúl Chávez.

También se incluyen otras personas naturales vinculadas, como familiares del alcalde y otras personas identificadas por la investigación, además de representantes de diversas compañías.

Entre las empresas investigadas figuran Grupo Alva3, Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum, Comercializadora de Combustibles Corpalubri, Inmobiliaria Fiorema, Inmobiliaria Alvarez Hache, Indudiesel, Compañía del Petróleo Copedesa, Operadora Portuaria Petrolera Operoil y CHN, entre otras.

La audiencia había sido suspendida en dos ocasiones previas debido a problemas de representación legal y observaciones sobre la falta de defensa técnica de varias compañías, lo que obligó a solicitar información a la Superintendencia de Compañías y al Registro Mercantil.

En esta tercera convocatoria, la diligencia pudo instalarse debido a la presencia de la Defensoría Pública, que asumió la defensa de las personas jurídicas sin abogados particulares.

El juez del caso, tras verificar notificaciones y documentación, resolvió avanzar con la audiencia de forma virtual, en una plataforma judicial, con presencia de funcionarios de Fiscalía y custodia policial en el complejo judicial.La decisión permitió finalmente dar inicio a una de las etapas clave del proceso investigativo.