Un informe elaborado por una comisión de expertos y publicado por el Gobierno reconoce por primera vez de manera oficial 63 asesinatos cometidos entre 1979 y 1983 por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por grupos de extrema derecha.

El documento, realizado en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, sitúa estos hechos en el contexto de una violencia política heredera del franquismo que persistió tras la aprobación de la Constitución española.

De las 63 víctimas identificadas, 28 murieron como consecuencia de actuaciones policiales, muchas de ellas durante manifestaciones, huelgas, controles de carretera o intervenciones desproporcionadas.El informe destaca además la existencia de encubrimientos, versiones oficiales falsas y escasas condenas judiciales.

Entre los casos recogidos figuran la muerte del menor Ursino Gallego durante una protesta vecinal, el asesinato del artista travesti Francis a manos de un policía nacional, el conocido Caso Almería, y la muerte del niño Juan Félix Domínguez tras unos disparos de la Guardia Civil en un control policial.

El estudio también documenta asesinatos cometidos por organizaciones ultraderechistas como el Batallón Vasco Español, los Grupos Armados Españoles, Fuerza Nueva, el Comando Antimarxista o la Triple A.

Entre las víctimas se encuentran militantes políticos, sindicalistas, personas sin actividad política conocida y ciudadanos que fueron atacados por motivos ideológicos o confundidos con otros objetivos.El informe supone un reconocimiento institucional a unas víctimas que, en muchos casos, no habían sido reconocidas oficialmente hasta ahora.