El Congreso de Guatemala aprobó una nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, una normativa que ha sido calificada como histórica por la Superintendencia de Bancos (SIB) debido a que sustituye un marco legal vigente desde hace más de 25 años.

La aprobación ha sido valorada como un paso clave para modernizar el sistema financiero del país y fortalecer la lucha contra delitos económicos que han evolucionado en complejidad a nivel global.

La SIB destacó que la nueva legislación unifica en un solo cuerpo legal las disposiciones para combatir tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo, lo que representa una innovación importante en la regulación financiera guatemalteca.

Además, autoridades y sectores técnicos que participaron en su elaboración señalaron que la reforma era urgente para dotar al Estado de herramientas más efectivas frente a riesgos financieros actuales.Diversos actores reaccionaron positivamente a la aprobación.El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la medida representa un golpe a estructuras criminales como el narcotráfico y la corrupción.

Por su parte, organizaciones como la Cámara del Agro y el sector empresarial organizado resaltaron la importancia de la ley para fortalecer la institucionalidad, la certeza jurídica y la confianza internacional en Guatemala, así como para mejorar el clima de inversión.

En conjunto, la normativa es vista como un esfuerzo de país que requiere coordinación entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía para su correcta implementación y para lograr resultados efectivos en la prevención del lavado de dinero.