La Junta de Andalucía ha ordenado el precinto inminente de varias viviendas situadas en la finca Finca Colores, en el municipio malagueño de Casabermeja, donde residen seis familias que aseguran ser víctimas de una presunta trama de estafa y explotación inmobiliaria.

La actuación administrativa se produce tras una inspección realizada en 2024 que detectó múltiples irregularidades urbanísticas, como la apertura de caminos, construcción de bancales e instalación de edificaciones prefabricadas en una zona no urbanizable dentro del entorno protegido de los Montes de Málaga.

Los afectados señalan como responsables al empresario malagueño José González Rojas, con antecedentes judiciales y varias condenas, y a su pareja, la empresaria ecuatoriana Jessica Meza García.

Según los testimonios recogidos, ambos habrían gestionado un negocio turístico y residencial irregular en condiciones insalubres, con deficiencias graves en el suministro de agua, electricidad y tratamiento de residuos.

Las familias denuncian haber sufrido cortes de servicios, coacciones y situaciones de precariedad, y anuncian la presentación de nuevas acciones judiciales por estafa, alzamiento de bienes, falsedad documental y otros delitos.

Además, la finca estaría inmersa en un procedimiento de ejecución hipotecaria y subasta tras años sin pagar obligaciones financieras, pese a su explotación comercial.También se investigan posibles delitos medioambientales y laborales.

La pareja implicada acumula procesos judiciales en España y órdenes de detención en el caso de González Rojas, que actualmente se encuentra en Ecuador.

Las autoridades andaluzas justifican el precinto por las ilegalidades urbanísticas detectadas, mientras los residentes reclaman una solución habitacional antes del desalojo.